Vodafone juega al desgaste para evitar un proceso multimillonario con sus distribuidores

Algunos de los denunciantes estarían dispuestos a negociar a la baja con tal de que termine la pesadilla, ya que reclamar lo que se les debe puede llevarles a la ruina. Mientras dura el proceso, los afectados han renovado su contrato con Vodafone. “Aunque siguieran pagándonos mal, era la única solución para hacer frente a todo. Cerrar un negocio de un día para otro es muy caro, insostenible. Hacen falta ingresos para pagar los gastos, y para poder hacer frente también al proceso desde la denuncia hasta el juicio”, cuenta uno de los afectados. “Los que tienen poco dinero, y los que han quedado prácticamente arruinados, no pueden soportar lo que cuesta denunciar”, añade.

Según fuentes de la compañía, el objetivo siempre es llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes. De esta manera, los servicios jurídicos de Vodafone juegan con los tiempos y con la fortaleza de las grandes empresas frente a los pequeños comerciantes. Al tratarse de un proceso mercantil, los costes van a medias, se gane o se pierda la causa. La multinacional sí se lo puede permitir. Sin embargo, pedir un aplazamiento o solicitar documentación extra durante el proceso, no hace más que dilatar el tiempo y aumentar los costes.

Una sentencia definitiva podría sentar jurisprudencia y abrir camino para que muchos afectados se atrevan a denunciar su caso, ya sea de manera individual o colectiva. Según los denunciantes, se produce un desfase medio de unos 5.000 euros al mes por tienda. De prosperar y extenderse la denuncia, Vodafone tendría que explicar este desfase que, de producirse en las todas o la mayoría de tiendas en España (entre 17.000 y 20.000), supondría entre 80 y 100 millones de euros mensuales con los que la operadora se autofinancia. En estos momentos hay una veintena de procesos abiertos, varios con sentencias condenatorias en Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales. Por eso, todo apunta a que Vodafone seguirá recurriendo en el Supremo en caso de no llegar a acuerdos.

La oferta de Vodafone

Según el documento al que ha tenido acceso ARNdigital, la propuesta de la compañía sustentaría un acuerdo entre las dos partes a cambio de la confidencialidad por parte de los firmantes durante 5 años. Además, aunque está dispuesta a pagar, Vodafone no reconoce la culpa: “Vodafone ha detectado incidencias por parte del agente en la cumplimentación de los datos relativos a las citadas ventas y en el seguimiento del procedimiento indicado por Vodafone al efecto, lo cual ha determinado que no se devengará cantidad alguna a favor del agente. No obstante, como gesto comercial, Vodafone tiene intención de abonar las cantidades recogidas en el presente acuerdo por este concepto en los términos establecidos en el mismo”.

El pago de los terminales

El sistema de pago de los terminales móviles es lo que mayores quebraderos de cabeza aporta a este conflicto. Cada mes, Vodafone entrega la autofactura con los conceptos de cobro y sus importes. Para calcularlos la compañía facilita la fórmula matemática pero, como ya contó ARNdigital, en algunos juicios se ha demostrado que la información no era completa, o que no se facilitaban todos los datos requeridos: “No hay datos suficientes para cotejar el modo en que se realiza el pago de la comisión”, se afirma en una de las sentencias.

De este modo, es cada distribuidor el que tiene que elaborar sus propias hojas de cálculo para comprobar que los conceptos son correctos. Algunos afectados que se han puesto en contacto con este diario cuentan el proceso: los iPhone, por poner un ejemplo, se entregan al cliente por cantidades que rondan entre cero y 100 euros, dependiendo de la modalidad contratada. El terminal lo paga por completo el distribuidor. Si alegando cualquier error –independientemente de las comisiones– Vodafone deja de pagar entre 6 y 10 terminales al mes, se genera un agujero de entre 3.000 y 5.000 euros en las tiendas: “Te dejan en números rojos”.

Cuando el distribuidor realiza un contrato tiene que facturar la venta completa, aunque no haya percibido nada. “Ante Hacienda es un beneficio pero, sin embargo, las cuentas del banco están en números rojos porque Vodafone no ha pagado”, explican. Según las facturas a las que ha tenido acceso ARNdigital, durante varios meses se han dejado de pagar más de 5.000 euros por tienda.

Para subsanar el error, la propuesta de Vodafone exige que se firme esta cláusula: “El agente reconoce y acuerda que nada tiene que reclamar a Vodaforne por el concepto de SVT (Subvención Variable de Terminal) correspondientes a la actividad de agencia particular generada hasta el 31 de enero de 2012, por lo que renuncia en ese acto a efectuar cualquier reclamación a Vodafone de cantidades o indemnizaciones por este concepto, así como al ejercicio de cualquier otro tipo de acciones o reclamaciones a Vodafone en reclamación de las mismas”.

Otro concepto dudoso es el denominado IAC (Índice de Actividad Comercial), un tipo de objetivo trimestral marcado por la empresa. Su cumplimiento da acceso al agente a cobrar conceptos variables como la ‘Imagen de Empresa’ y la ‘Satisfacción de los Clientes’. El IAC solo se cobrará si se cumple el 70% global de los requisitos establecidos. Sin embargo, empleando la fórmula facilitada, cumpliendo al máximo todos los apartados la suma final alcanzará un máximo de 95%. Es decir, nunca se cobrará en su totalidad. Esta serie de conceptos complejos están dentro de lo que los distribuidores conocen como “actos de fe”, ya que “no hay manera de obtener la información para comprobar el pago o no pago” de los mismos.

Miedo, desacuerdos y soluciones a la baja

Aunque Vodafone insiste en que existe un sistema de reclamación para los distribuidores, estos ponen en duda su eficacia. Atendiendo al registro de reclamaciones, resaltan casos como el de un distribuidor que, durante 9 años, solo un mes cobró correctamente por todos los conceptos. Durante el mismo periodo de tiempo había presentado más de 2.000 reclamaciones por irregularidades en el cobro de comisiones y por otros conceptos.

Otros afectados no se atreven a dar el paso a la denuncia por miedo a perder el negocio o sufrir represalias. “Puedes quedarte sin actividad o indemnización, sin financiación y sin ingresos. Mientras, tienes que hacer frente a los gastos de alquiler y sueldos de empleados…”. Sin embargo, aún no dan el paso de unirse para presentar las denuncias, lo que beneficia a Vodafone, que puede tratar cada caso de manera individual e incluso llegar a acuerdos menos beneficiosos para el agente, pero poniendo fin a su problema.

Mientras, esperan a conocer el desenlace de los juicios pendientes y al nuevo contrato con la multinacional. El actual finaliza el 31 de marzo. En ocasiones, según denuncian los afectados, el nuevo documento de contrato se ha entregado ya comenzado el mes de abril y con cláusulas desfavorables o más duras respecto al anterior. De esta forma no pueden echarse atrás porque ya han pagado el alquiler de su local y se han comprometido con sus empleados. Necesitan mantener abierto el negocio.

La mayoría de distribuidores son personas con una media de edad de 50 años que llevan entre 15 y 20 años en el sector. A esas edades, las posibilidades de volver a trabajar se complican. Más teniendo en cuenta que si rompe su relación con Vodafone, pierde a los clientes y le será complicado volver a entrar en el mercado de las telecomunicaciones.




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